viernes, 4 de diciembre de 2009

El control de la Red

Los autores deben cobrar. Los internautas tienen derecho al intercambio gratuito de archivos. Internet no puede, ni debe, estar controlada por gobiernos locales. Ni mucho menos comisiones políticas ni nadie que no sea un juez puede clausurar una web. El modelo de negocio de los contenidos digitales, la famosa monetización (qué palabro) de proyectos en la Red pasa, al menos a corto plazo, por dos caminos:

1. Los micropagos tipo iTunes, para entendernos, es decir, el usuario puede aceptar de buen grado el contenido de calidad si el precio es adecuado a esa calidad: un diario en papel cuesta un euro, en e-book no puede costar más de diez o 20 céntimos; una película en el cine cuesta entre seis y ocho euros, en la red tiene que costar uno o dos euros. Porque la distribución la pagan los usuarios cuando compran sus ordenadores, sus móviles, sus routers, sus cuotas mensuales de telefonía. Y los productores se evitan muchos gastos de impresión de copias, de transporte, incluso directamente de fabricación.

2. Que las operadoras paguen a quienes generan tráfico de datos, porque de esos datos vive su Adsl o su cable, por eso el cliente paga más ancho de banda, por eso quiere estar conectado. Es el sector de la informática y de las telecomunicaciones el que está haciendo su agosto con los contenidos digitales. Son a la Red lo que las empresas papeleras al mundo editorial, los simples fabricantes del soporte, no pueden ser los que se lleven todo el dinero.

El control de la Red no favorece a nadie, ni siquiera a los autores. No es el control del top manta, con redes de esclavistas y explotación de la miseria, sino el control de la vida moderna. Es como pretender que la gente no se preste libros, que no haya periódicos en los bares, como el disparate, por desgracia real, de cobrar a un negocio por tener una radio encendida. Ese no es el camino, esto no es una guerra contra la piratería, es la identificación de quien se queda con la principal ración del pastel y apretarle para que lo reparta con quien le proporciona la materia prima: los autores.

Claro que es más fácil ir contra el común de los mortales. Sólo que el coste político tendrá que evaluarse. Cada vez es más alto. Por eso el presidente Zapatero ha desautorizado a la ministra González-Sinde, aunque ahora lo niegue.

Y es que los autores que no se dan cuenta de quiénes son los que verdaderamente se aprovechan de su trabajo (las operadoras) y se convencen de que con la represión contra el usuario conseguirán algo tienen razón.

Conseguirán desaparecer.

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