Intercomunicadores en motos y leyes obsoletas

Entre las múltiples leyes que se redactan, no para ser cumplidas, sino para que puedan utilizarse en contra del administrado cuando sea menester se encuentra la de la prohibición de conducir motos con esos pequeños sistemas intercomunicadores bluetooth que sirven para escuchar el GPS, al acompañante o (para mí una verdadera locura) el teléfono móvil. Como la norma está escrita hace años, podría parecer que la tecnología la había dejado obsoleta, como llevar luces de repuesto en los coches con faros xenón, por poner un ejemplo. Pero resulta que la DGT ha dejado claro que no, que deben multar a cualquier motorista porque el altavocillo, del tamaño de una moneda grande o una ficha de casino, aísla como lo harían unos auriculares en un turismo.

Es verdad que una moto se conduce algo más con el oído que un coche, pero no demasiado. Un buen casco aísla lo mismo que una carrocería. Claro que dentro del turismo hay excelentes aparatos de radio y música, reproductores de DVD y hasta de televisión, teléfonos con manos libres, y hasta cuatro ocupantes que pueden atronar con sus gritos al conductor. Así que en una moto se oye más el tráfico. Siempre. Incluso con el intercomunicador.

Pero es que además el intercomunicador, especialmente conectado con un GPS, facilita la conducción, alerta si se sobrepasa la velocidad máxima, aporta seguridad con escasa visibilidad, permite incluso comunicarse entre dos motos que circulan no demasiado lejos lo que puede ser vital en caso de viajar en grupo. Lo saben bien en las autoescuelas, donde se utilizan para las prácticas de los futuros motoristas. Y lo sabe bien los agentes de Tráfico. Las unas y los otros son los únicos exentos de la prohibición. Los demás, o renunciamos al progreso o nos arriesgamos a ser multados.

Mi única esperanza es el sentido común del funcionario, principalmente Guardia Civil o Policía Local, que sabe mejor que nadie lo que es conducir y qué comportamientos sí son peligrosos para la circulación. Lo lamentable es que no les consulten a la hora de redactar o actualizar normas.