Uy, uy que viene la Ley del Audiovisual

Tenía curiosidad por ver la reacción de los medios convencionales españoles al proyecto de la esperada Ley General de la Comunicación Audiovisual. Ha tardado tanto que ahora, entre los intereses políticos y económicos cruzados, la crisis de grandes grupos, la inanición de los pequeños, el apagón analógico inminente, decretazos sobre la TDT, y la evolución social respecto a los contenidos en general (audiovisuales o digitales), no tenía ni idea de por dónde podían salir.

Y a corto plazo han salido por la pornografía, válgame dios (lo de la violencia gratuita se destaca un poco menos en la mayoría). Algunos lo disimulan con la protección a los niños y discapacitados. Otros, con la limitación de la emisión de los juegos telefónicos engañabobos. Como mucho destacan la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero esto lo refieren básicamente al control de los contenidos.

¿Por qué ese afán por presentarlo casi como una cuestión deontológica cuando lo verdaderamente importante de la Ley está en sus consecuencias económicas? Porque resulta mucho más sencillo llenarnos la boca con las grandes obviedades con las que todo el mundo está de acuerdo (otra cosa es lo que luego ocurra en la realidad) que ponerse a desmenuzar lo que puede significar para los derechos de los ciudadanos, para la pluralidad, para la industria cultural como sector y para la adaptación a situación tecnológica actual (¿de verdad se han enterado de que existe Internet?).

Gestos éticos al margen, ¿a quién beneficia?: como mínimo a los "concesionarios" de licencias de televisión, muchos de los cuáles se frotan las manos pensando en venderlas a sujetos ajenos con abundante dinero negro o intereses en obtener tratos de favor del poder de turno (adjudicaciones y demás) como ha venido ocurriendo con las licencias de radio. Beneficia también el gran negocio del fútbol que podría ser moralmente aceptable si desde el principio se hubiera generado mediante la iniciativa privada, pero que nunca lo será en este panorama de origen público y de presente semiprivado, cuando ya se han construido imágenes de marca y aficiones gracias a años de promoción by the face. Beneficia también a los partidos que designan por fin un Consejo Audiovisual, pero al estilo de consejo de sabios: nueve miembros elegidos políticamente, como un tribunal o miniconsejo del poder judicial y se obvia la posibilidad de que fuera un consejo profesional formado por decenas de especialistas, por qué no. Se permite definitivamente el emplazamiento de producto (uy,uy,uy), salvo en espacios infantiles (donde todo ello es un gran product placement, que se lo digan a Disney Channel). Se prolongan las licencias a 15 años y casi se garantiza la renovación automática (algo que en la práctica ya ocurría). Y se confirma que el cincuenta por ciento de los canales de una licencia se pueden convertir en canales de pago (adivine qué ocurrirá).

Vendiendo el proyecto de ley como un avance en el control ético de los contenidos se disimula, por ejemplo, que, aunque se permiten, quedan desprotegidos los medios comunitarios, una de las grandes asignaturas pendientes del audiovisual español, o que deja en el aire la titularidad pública de los canales autonómicos, o que nada se dice, al parecer, del audiovisual por cable o adsl por no hablar directamente de las televisiones por internet o de los incumplimientos de la norma al margen de multas que en ocasiones compensará pagar.

Cada vez queda menos espacio para este tipo de regulaciones que siguen pensando en la televisión como el gran hermano monolítico y de enorme influencia, demonizado pero adorado. Esa época se está acabando y nada en la norma parece demostrar que se esté preparado para ello.

Seguro que la pornografía en abierto es un escándalo. Según el gobierno y los medios convencionales, esa era la gran cuestión. Al parecer teníamos todos los canales repletos de pornografía a todas horas y yo no me había enterado. Pero ellos tampoco se han enterado, por lo que se ve, de que la pornografía ya ni en internet es el contenido más demandado y mira que en la Red sí que está disponible.

Así que todo queda en el perfeccionamiento legal de un negocio que cada vez es menos perfecto en la realidad. No creo que los ciudadanos ganen nada, ni siquiera la mayoría de los operadores del sector. Sólo unos pocos. Los de siempre.