No son los “pseudomedios”, son las redes

 El director de un medio y su empresa editora son los últimos responsables de lo que publican. Tanto o más que el autor, sea o no periodista profesional. Si Youtube, X o Facebook fueran legalmente medios de comunicación, los Elon Musk, Zuckerberg o Page tendrían que responder por millones de calumnias, injurias, libelos y bulos. Ellos y sus directores correspondientes en cada uno de los países. Jeff Bezos acaso responda en último término por lo que se publica en el Washington Post, pero difícilmente lo hará por algo difundido en Amazon. Las multinacionales digitales han logrado zafarse del marco legal que regula los medios de comunicación. Sin embargo ocupamos el debate político con los ahora famosos “pseudomedios”, cuando estos  tendrían una influencia escasísima sin la viralidad de las redes. Eso es lo que hay que regular: las redes sociales.

Hace apenas unos meses, un director de cine fue acusado de agresor sexual por un diario madrileño, El País. Esta semana, el cineasta ha anunciado medidas legales contra el rotativo porque tras las durísimas acusaciones no se ha producido ninguna denuncia. Ocho meses después, ninguna de las víctimas llevó su relato a la policía o a la justicia. Podrían haberlo hecho, aunque tal vez no recibirían mayor reparación que la obtenida del “jurado popular”: sentencia a muerte social en las redes. Es la famosa cancelación. La presunción de inocencia no existe. Quizá el creador audiovisual logre una indemnización de El País, pero las redes sociales se irán de rositas.

Lo que antes se conocía como la “pena del Telediario” hace muchos años que se ha convertido en la pena de las redes. Especialmente si un acusado por cualquiera cae en el punto de mira de un grupo identitario. No importa que sea izquierdista o derechista, nacionalista o centralista, feminazi o nazi a secas. El grupo funcionará como una masa enloquecida, sin apenas capacidad racional. Desde fuera del linchamiento, creemos que los culpables son los miembros de la turba, que lo son, pero no los únicos. Tras ellos hay un algoritmo diseñado intencionadamente para azuzarles. Porque los azuzados quieren recibir más basura que alimente su ira, la droga de la indignación, y así usan más horas las redes. Despertar el odio no solo es sencillo, también es muy rentable.

Los algoritmos intensificadores de ese odio han provocado ejecuciones sociales y asesinatos reales, incluso matanzas como las de Birmania, Nueva Zelanda o México. Condicionan la percepción de la realidad, el significado de las palabras. Se cambian leyes, se elevan penas, se multiplican las denuncias públicas. La telebasura es un juego de niños frente a la gigantesca caja de resonancia de las redes. Y ahí estamos todos los ciudadanos, incluidos periodistas, políticos, fiscales y jueces. Nadie es ajeno. Queremos estar informados, sí, pero todos tenemos nuestros sesgos de confirmación, reconstruimos recuerdos y reforzamos prejuicios. Por eso escogemos periódico, radio, televisión y redes. O solo las redes en el caso de los más jóvenes, los más apasionados y cargados de energía, los más indefensos ante la manipulación, la carne de cañón de todas las guerras.

El argumento de las redes sociales para no ser responsables se basa en la libertad de expresión y, sobre todo, en que se limitan a actuar de canal, como la fibra óptica o las antenas de telefonía. Hay quien cree ingenuamente que no se pueden regular, como si fuera poner puertas al campo. Pero no es verdad, basta con considerarlas legalmente como cualquier otro medio de comunicación. Filtran el contenido, seleccionan y recomiendan información. Y nos llevan de la mano hacia la hoguera. A veces, de las vanidades. Otras, de la Inquisición. Casi siempre como espectadores. A otros, como ejecutados. 

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